Es contador público - licenciado en Administración por la Universidad de la República. Actuó durante 20 años en el sector financiero privado y en 2005 fue designado responsable de la implementación de las políticas nacionales contra el lavado de activos (LA), desempeñándose hasta abril/2010 como secretario nacional antilavado. Fue coordinador nacional de Uruguay ante el GAFISUD (actualmente GAFILAT), representante ante el Grupo de Expertos en LA de la OEA, cuya presidencia ejerció durante el año 2009, y perito asesor del Poder Judicial en numerosos casos de LA. Desde abril/2010 a octubre/2015 fue director de Proyectos de GAFILAT y entre febrero/2017 y abril/2020 presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.